
El 7 de abril de 2025, el fiscal general adjunto de EE. UU., Todd Blanche, emitió un memorando titulado «Ending Regulation by Prosecution». Con él, el Departamento de Justicia (DOJ) cambió su forma de tratar los casos cripto (fuente [1]).
Qué cambia
- El DOJ dejará de llevar casos que, en la práctica, impongan un marco regulatorio a los activos digitales; el memorando califica de imprudente el enfoque anterior (fuente [2]).
- La National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), creada en 2022, quedó disuelta con efecto inmediato (fuente [3]).
- La unidad de integridad de mercados y grandes fraudes deja las investigaciones cripto y se centra en otras prioridades, como el fraude migratorio y en contratación pública (fuente [3]).
- Las plataformas ya no deben ser procesadas por lo que hagan sus usuarios (fuente [4]).
El fraude sigue en el punto de mira
El DOJ no abandona la lucha contra el delito cripto: los fiscales deben centrarse en apropiaciones indebidas, estafas y hackeos con grandes pérdidas económicas (fuente [5]).
Qué significa
Para los usuarios cambia poco en la práctica: el fraude y el robo siguen siendo delitos. En cambio, los desarrolladores y operadores de monederos, mezcladores o exchanges corren menos riesgo de responder penalmente por el mal uso que hagan otros.









